El ex gobernador y actual presidente de la cámara de diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue imputado por "peculado y negociaciones incompatibles con la función pública", en una causa en la que se investigan contrataciones para la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur, desarrollada en diciembre de 2014 en Paraná.
Los fiscales que investigan la causa, Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, consideraron que Urribarri "sustrajo $ 31,4 millones de la partida presupuestaria asignada a la organización de la Cumbre del Mercosur" para "instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones del año 2015".
Según la presentación, el dinero fue sustraído luego de que Urribarri dictara "el decreto 4800/14 de fecha 9 de diciembre de 2014, autorizando el pago de $ 31.460.000 para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de gobierno".
Se trata de la contratación de la productora "Nelly Entertainment S.A", propiedad del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, para la difusión de cuatro avisos publicitarios transmitidos durante 15 días en diferentes canales nacionales y de distintas zonas del país.
Según los fiscales, el contrato "se encuadró en el marco de la ley 10.327" promulgada en octubre de 2014 que facultaba al Poder Ejecutivo a "utilizar el procedimiento de contratación directa" para "obras, servicios, suministros y realizar toda otra compra u operación". En ese marco, la partida de 31.460.000 de pesos "se direccionó" a la empresa de "Corcho" Rodríguez, lo cual fue de autoría de Urribarri", según la acusación.
Los fiscales consideran que los hechos tuvieron "la imprescindible participación del ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, quien interesó la contratación, aportó los spots, incidió en la asignación de contrato y refrendó el decreto".
Por ese motivo, los fiscales citaron a Urribarri a declarar el próximo 31 de agosto, luego de que finalice la feria judicial, y "en ese momento se le notificará la imputación en su contra", por "negociaciones incompatibles y peculado concursados idealmente en su carácter de partícipe, tipificado en los artículos 261, 265 y 45 del Código Penal".
La acusación fue puesta en conocimiento de la defensoría legal del ex gobernador.
Previamente, el ex mandatario emitió un comunicado en el que aseguró: "estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal".
MIentras tanto, Pedro Báez, el ex titular del Tribunal de Cuentas Guillermo Smaldone, y el actual vocal del organismo, José Luis Gea ya declararon en la causa que investiga contrataciones para realizar unas 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos para el desarrollo de la Cumbre. (Fuentes: El Litoral y Parlamentario. Foto: Archivo).
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