“Al incumplimiento del Estado provincial del pago de los montos adeudados sobre los salarios descontados por `errores´ en liquidaciones en el mes de marzo y las asignaciones familiares del mes de febrero, así como también, en algunos casos, en el segundo aguinaldo de diciembre 2016, los docentes nos encontramos con la noticia, en el día de hoy, de la imposibilidad de visualizar los recibos del mes de mayo, lo que agrega mayor incertidumbre aún, a lo que venimos padeciendo todos los meses, desde octubre/noviembre del año pasado, como es el ` sufrir´ la situación de no saber cómo y cuánto vamos a cobrar por nuestro trabajo.”
Martín Larrosa Rousset, secretario adjunto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, y delegado de la seccional Villaguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), puso en palabras la zozobra que se reitera mes a mes con el sistema de recibos digitales, primero, y con los “errores” de liquidación de sueldos, después: nada nuevo. Los problemas empezaron cuando el mecanismo, contratado por la administración del exgobernador Sergio Urribarri, se puso a andar. Se trata de la firma Lemondata SRL, cuya contratación mereció un pedido de informes en la Cámara de Senadores por parte de la bancada de Cambiemos, y con la firma de Raymundo Kisser. En la Cámara de Diputados también iniciaron averiguaciones sobre esa contratación, impulsada por Jorge Monge (Cambiemos).
En Agmer no sólo reclaman por los “errores”, que se reiteran, sino también por la falta de novedades respecto de la devolución de los días descontados por paro, que el Gobierno se comprometió ante el sindicato, tras la aceptación de la última oferta salarial, un 23,5%, en tres tramos para la docencia. Según Larrosa Rousset, “las devoluciones anunciadas de los descuentos por los cinco días de paro, y que formaban parte de la `extorsiva´ última oferta de recomposición salarial, no se efectivizaron en la totalidad de los casos. El gobernador (Gustavo) Bordet, el ministro (de Economía, Hugo) Ballay y (el presidente del Consejo de Educación, José Luis) Panozzo siguen mintiendo y jugando con nuestros salarios. Exigimos que cumplan ya con sus obligaciones como funcionarios de gobierno y la inmediata publicación de los recibos digitales”.
El mismo planteo habían hecho en la Cámara alta los senadores Raymundo Kisser, Roque Ferrari y Rogelio Schild, que también presentaron un pedido de informes por cuanto habían tomado conocimiento que “el Consejo General de Educación habría privatizado, es decir encomendado a la empresa Lemondata, para que liquide los sueldos de los dependientes y docentes del Consejo General de Educación. En función de ello, se solicita se sirvan informar cuáles son las razones y fundamentos para esta contratación, máxime teniendo en cuenta que el Estado Provincial cuenta con un sistema informático para liquidar sueldos”.
En el Senado, los legisladores hicieron notar que “hay quejas de los docentes en cuanto a que, con el sistema de liquidación de sueldos a través de Lemondata SA, se estaría perdiendo la privacidad en los recibos. Se solicita se informe la veracidad de lo señalado, y qué resguardos se han tomado para que no se pierda la privacidad de los titulares de los recibos”.
Lemondata comparte con otra firma más conocida, Relevamientos Catastrales SA, el mismo empresario: Diego Armando Cardona Herreros. Ambas, además, han sido contratadas durante el gobierno de Urribarri.
En 2015 Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía. El huevo de la serpiente.
En diciembre de 2015, una investigación de la revista “Análisis” dio cuenta que Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal, estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal de Urribarri. La firma puso su oficina en Paraná en el edificio de Córdoba 585. O sea, el mismo edificio donde también tiene su domicilio Urribarri y hasta hace poco tiempo residiera también su hijo, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.
Cardona Herreros es un empresario paraguayo de bajo perfil. Es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
Ese contrato es el que le permitió a Lemondata SA manejar el sistema de liquidación de sueldos que repudian los docentes y sobre el cual el Senado se empezó a interesar. (Fuente: Entre Ríos Ahora).
