"Milagro Sala había sitiado a todo el centro de la ciudad de Jujuy"

 El fiscal Mariano Miranda habló ayer en la CIDH en EEUU

      El villaguayense Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, participó ayer en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abordó el tema del respeto a los derechos humanos en Jujuy y también el caso particular la dirigente social Milagro Sala, aun cuando  estaba fuera de agenda.


      Miranda recalcó que las organizaciones sociales jujeñas excedieron "los límites de la protesta" al crear un "sitio a todo el centro de la ciudad" apenas asumió el gobernador Gerardo Morales en diciembre de 2015.

      También se preocupó por aludir no sólo a las manifestaciones sociales sino también a las sospechas de corrupción que pesan sobre Milagro Sala por el manejo de los fondos de cooperativas y otras organizaciones. Cabe recordar que el gobierno jujeño ha acusado a Sala de malversación de fondos.

      "La provincia se encuentra comprometida con el respeto del ejercicio de todos los derechos humanos", afirmó Miranda, y dijo que será un "honor" recibir a una delegación de la CIDH que visitará Jujuy en mayo, invitada por el propio gobierno de Morales.

      Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj enfatizó que la Casa Rosada no tiene "ningún interés" en criminalizar la protesta social y está comprometida con la libertad de expresión. Esa garantía, según dijo, no ha sido violada en Jujuy.

      "El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente", agregó el funcionario tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.

      "Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que sea así en este caso. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho", agregó.

      En tanto, organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, plantearon una situación antagónica: dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una "intolerable persecución" por parte del gobernador.

      "En Jujuy, la constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema", dijo.

      Los representantes de organizaciones civiles y sindicatos presentes en la audiencia ante la CIDH fueron, además de Verbitsky; Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional Argentina; Rafael Vargas, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma; Oscar Nutini, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma y Esperanza; Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado y Central de Trabajadores Argentinos, y Elena Chávez, de Andhes.

      Todos plantearon el mismo panorama: una persecución judicial a trabajadores y criminalización de protestas para "disciplinar a los sindicatos". Verbitsy denunció la "intolerable situación de persecución que se vive en la provincia de Jujuy contra toda protesta por parte de un gobierno que sólo permite que se escuche su propia voz".

      Finalmente, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, se preocupó por señalar que el derecho a la protesta "se convierte en algo teórico" cuando no hay garantías para poder manifestarse. 


No más delito de sedición

      El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aprovechó su exposición ante la CIDH para realizar un anuncio: el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar el código penal que excluye el delito de sedición ante un hecho que involucra el ejercicio de un derecho humano, como una manifestación.

      Esa modificación había sido reclamada por el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, en una carta al presidente Mauricio Macri a fines del año pasado.


El villaguayense Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, durante su participación en la audiencia de la CIDH.





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