Caso Maldonado: el Gobierno afirma que le pagará la recompensa a un mapuche que aportó "datos fehacientes"

Una vez confirmado que el cuerpo hallado el pasado martes en el río Chubut era el de Santiago Maldonado , comenzó la revisión de los testimonios recibidos durante la búsqueda del joven que había desaparecido el 1 de agosto. Puntualmente son dos declaraciones que están bajo la lupa, aunque desde ópticas distintas.

El Gobierno se apresta a pagarle una recompensa a uno de los últimos testigos que declaró en la causa, cuando el juez Gustavo Lleral se encontraba a cargo del expediente, dado que brindó datos precisos. Se trata de un joven que marcó el lugar donde creía que podía estar Santiago Maldonado, dado que él fue quien estuvo más cerca del joven tatuador porque habían intentado cruzar el río juntos. Sin embargo, se separaron cuando el artesano quedó a mitad de camino y quiso regresar a la orilla.

El testigo, que declaró ante el juez el 4 de octubre cuando el magistrado se acercó al Pu Lof, se identificó ante la Justicia, pero su nombre quedó protegido, por seguridad.

"El testigo dio un espacio perimetral entre dos puntos del río. Le corresponde cobrar la recompensa porque brindó datos fehacientes y eran correctos. Lo hará como anónimo, dado que el sistema lo permite y porque es muy importante protegerlo en este momento", explicó la fuente oficial en referencia al estado de tensión que se vive en el sur.

El Gobierno había aumentado la recompensa por datos sobre el paradero de Maldonado de 500.000 a 2 millones de pesos el 7 de septiembre último.


Falso testimonio

Por otro lado, las fuentes oficiales no descartaron que, una vez que culmine la investigación y el juez dé por cerrado los expedientes, el mapuche Matías Santana pueda ser denunciado por "falso testimonio". Se trata del miembro de la comunidad que dijo creer haber visto que los gendarmes golpearon "a un bulto" y se lo llevaron, primero en un Unimog y luego en una camioneta blanca de la fuerza. Será clave revisar con qué grado de aseveración Santana declaró esa versión, para ver las consecuencias legales que puede tener.

Todavía se desconoce el devenir que tendrá el expediente por presunta desaparición forzada. Ayer, el juez Lleral dijo que habrá que esperar unas dos semanas para tener un informe definitivo de la autopsia y para saber oficialmente lo que ocurrió con Santiago. Ayer la familia, sumida en un profundo dolor, seguía apuntando a la Gendarmería por la persecución de aquel 1 de agosto en el Pu Lof.

Ayer, el juez confirmó que el cuerpo del artesano no presentaba lesiones y enfatizó que todas las partes estuvieron de acuerdo con el procedimiento realizado. Fue mucho más prudente al hablar de la causa de la muerte, cuya determinación, según Lleral, llevará "más de dos semanas" por la necesidad de recurrir a "resultados complementarios". Tres fuentes con acceso a la autopsia dijeron que los primeros signos eran de "ahogamiento" o de alguna causa vinculada con el agua. Una de esas fuentes aseguró que el cuerpo estuvo sumergido "al menos por 60 días". Por ahora nada de esto fue oficializado.


Un rastrillaje clave

El juez activó el operativo que dio con el cuerpo de Santiago Maldonado después de tres testimonios que lo convencieron de que había que volver a buscar al joven en el epicentro del conflicto, a pesar de que el juez anterior había hecho tres rastrillajes. Dos de esos testimonios fueron de mapuches que declararon en la primera visita del juez al territorio, el 4 del actual. Dijeron que habían estado con Santiago en el operativo de la Gendarmería el 1º de agosto y uno de ellos es quien dijo que el tatuador no logró cruzar.

El otro testigo fue el prefecto principal Leandro Antonio Ruata, que comandó los rastrillajes anteriores y le dijo a Lleral que era necesario hacer "al menos un rastrillaje más".

La fiscal Silvina Ávila pidió un rastrillaje con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua, desde seis kilómetros antes del Pu Lof, lo que permitiría llegar al territorio mapuche por el río. La fiscal y el juez acordaron una medida conjunta, con participación de los perros y consenso con la comunidad. A partir de allí se iniciaron las negociaciones.

Según dijeron al diario La Nación altas fuentes judiciales, el miércoles 11 de este mes, cuando Lleral viajaba de Rawson a Esquel, frenó en el Pu Lof para decir que quería hacer el rastrillaje. Le contestaron que no querían hablar en el territorio y que irían al juzgado. El jueves 12 al mediodía fueron dos miembros de la comunidad. Exigieron que los expertos de la Prefectura fueran desarmados, que no estuviera la Policía Federal y pidieron debatir entre ellos.

El viernes fue la tercera reunión, también en el juzgado. El juez les pidió a los mapuches sus números de celular para sostener el diálogo, redactó la medida que ordenó el procedimiento y pidió con urgencia al Gobierno que se consiguieran los perros rastreadores (Fuente: La Nación).