El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 pensiones por discapacidad. Según pudo saber Clarín, el recorte se acentuó en los últimos tres meses. En lo que va de junio solamente la cartera que comanda Carolina Stanley quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes. Este diario también confirmó que hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. Hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.
Para concretar el recorte, el ministerio de Desarrollo Social echó mano del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’, aunque legisladores y abogados advierten que es errada la lectura puesto que afirman que con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo. Asimismo, desde el ministerio de Desarrollo Social, tras la nota que anteayer publicó Clarín finalmente aclaró a este diario cuáles son los criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados. No podrá tener una pensión por discapacidad:
- Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará.
-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
En el ministerio que conduce Carolina Stanley se negaron a brindar datos exactos de las bajas, aunque este diario accedió a la información oficial. “Esas personas están en un proceso, si reclaman y constatamos que les corresponde la pensión se podría reponer en el mismo día, así que preferimos no hablar de número bajas”, dijo a Clarín el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
“El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”, dijo Badino. “El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”, dijo a Clarín el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro. “Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión”, agrega el letrado, quien advierte que esta imprudencia da lugar a recursos de amparo.
Badino reconoció que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, se excusó. El funcionario admite que maneja más de un punto porcentual del producto bruto en presupuesto con todas las pensiones asistenciales, una caja para nada despreciable en épocas de vacas flacas y en momentos en los que el Gobierno lucha para alcanzar la meta del 4,2% de deficit fiscal. Dice el funcionario que este año entregó 34 mil pensiones nuevas, pero se niega a dar el número de las suspensiones, y destaca que en 2015 y 2016 también hubo bajas. También reconoce “que hay hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad” y atribuye esa demora a “la burocracia estatal”.
“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”. (Fuente: Clarín).
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