La situación procesal del cura Marcelino Ricardo Moya se acerca cada vez más a una definición: la remisión a juicio de la causa iniciada en junio de 2015 tras la denuncia de dos exmonaguillos por supuestos abusos ocurridos en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, a mediados de los 90.
Mañana miércoles se realizará en los Tribunales la audiencia de depuración de pruebas de la que tomarán intervención todas las partes, previo a la resolución del juez de Garantías y Transición Carlos Ramón Zaburlín respecto de la petición hecha por la fiscal Nadia Benedetti de remitir la causa a juicio oral.
Moya tiene dos denuncias por abuso. Y es el tercer miembro del clero entrerriano sometido a un proceso penal por pederastia. Antes, estalló el escándalo del cura Justo José Ilaraz, con siete denuncias; y después, Juan Diego Escobar Gaviria, con siete denuncias, y ya con fecha del juicio oral: el 22 de agosto, en Gualeguay.
La denuncia contra Moya es por abusos. El sacerdote está suspendido desde 2015 por la Iglesia. Su último destino parroquial fue en Nuestra Señora de la Merced, de Seguí. Los abusos que se le endilgan habrían ocurrido cuando fue vicario en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.
DOS HECHOS. Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra, y está imputado por dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica.
El lunes 29 de junio, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ahora radicado en Rosario, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso.
Ese día, Huck contó: “Cuando declaré ante el fiscal, intenté recordar cada detalle, pero no pude definir muy bien los tiempos. Sí soy conciente de haber formado parte de la Acción Católica antes de que llegue Moya, y estar vinculado a la Iglesia. Y cuando llega, lo conozco de la iglesia, y como profesor del Instituto La Inmaculada, donde yo era alumno. De estar en el grupo de Acción Católica a formar parte de su grupo más cercano, no tengo la secuencia, cuándo pasó, como pasó. En realidad, intenté metabolizarlo para sacármelo de la cabeza. Era un tipo con una personalidad superseductora. Creo que a muchos les va a llamar la atención en Villaguay cuando conozcan la denuncia”.
Moya nunca accedió a prestar declaración indagatoria. En diciembre de 2016 fue citado por la fiscal Benedetti, que quedó a cargo de la causa, pero se negó a hablar. Pero su caso estalló del peor modo en el verano pasado. Fue ingresado al Servicio de Infectología del Hospital San Martín por una enfermedad de transmisión sexual. La médica que lo trató fue Laura Díaz Petrussi, a cargo del Programa Provincial de Sida. No bien se enteró del paciente que tenía ingresado, la jefa del Servicio de Infectología, Adriana Bevacqua, buscó el modo de poner en autos a la Justicia. Se presentó y pidió ser relevada del secreto médico y contó qué diagnóstico tenía Moya.
Los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso pidieron conocer ese diagnóstico pero la Justicia se los impidió.
En marzo último, Rubén Chaia, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, concluyó que “la regla de la confidencialidad no puede ser dejada de lado a partir de una práctica que no se relaciona con los hechos denunciados ni imputados”.
CAMBIO. En mayo último, Benedetti pidió la remisión a juicio de la causa Moya. Pero antes de resolverlo, el juez Zaburlín hizo completar una serie de trámites. El próximo, la audiencia de depuración de pruebas, el miércoles 21, previo a elevar la causa a juicio al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
La causa, de igual modo, ha registrado otros movimientos.
El abogado Gustavo Amílcar Vales renunció a su tarea como defensor del cura Moya. La tarea quedó a cargo ahora del abogado Néstor Fabián Nicolás Paulete, oriundo de Colón. Junto a Paulete actúa también su colega Rubén Darío Germanier.
La última novedad sobre el paradero del cura es que está en María Grande, en la casa de sus padres, al aguardo de la resolución de su situación judicial.
Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay.
Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.
La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.
Cuando el caso llegó a la Justicia, en 2015, el arzobispo Juan Alberto Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.
La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.
Ahora, el cura –junto a sus pares Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria—se encamina a una etapa clave: el juicio oral.
Sobreviviente
Pablo Huck, uno de los denunciantes del cura Marcelino Moya, se asume como “sobreviviente”. Y, justamente, forma parte de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. “Sobrevivir –ha dicho--es, entonces, el objetivo primero, es convertir el dolor en lucha, la parálisis del daño en acción, abandonar ese espacio colmado de vergüenza y angustia al que fuimos arrojados. Es ponernos en movimiento, alerta y al cuidado de niños y niñas de este flagelo social. Sin dudas, el gran estímulo es poner a resguardo a nuestros niños y niñas, empoderarlos, educarlos en el respeto y el amor, y así, generación tras generación, terminar con la vulnerabilidad a la que muchos de ellos hoy están expuestos”. Y apunta: “Es probable que los abusadores no desaparezcan de la faz de la tierra, pero trabajamos para que tengan nulas posibilidades de actuar y dañar a nuestros niños y niñas. En especial, siendo conscientes de su cuerpo, nutridos de una educación integral (incluida la educación sexual, respaldada hoy por una ley, que lamentablemente no es tenida en cuenta) que les proporcione claridad y certezas en los límites del accionar de “otros” sobre ellos. Centrar atención y energía en esta problemática es practicar el amor verdadero (sin sesgo religioso alguno), producto de la sanación del espíritu. Es la necesidad de apostar a ser lo más “ecológico-político y humanamente consciente” posible. Es volver a sentir lo humano, aquello tan sutil como esencial que nos acerca. Es volver a ser comunidad y parte. Es remediar lo profundamente dañado por el abuso.” (Fuente: El Diario).
