Por si quedaba alguna duda de que ya se largó la campaña electoral en Entre Ríos, este fin de semana se produjo el primero de los clásicos cruces públicos entre las conducciones de los dos partidos mayoritarios de la provincia. Primero, los radicales acusaron al gobierno de Gustavo Bordet de "seguir tomando más deuda para pagar deudas". Casi de inmediato, el Consejo del PJ respondió que el gobernador "está encarando un ordenamiento financiero que va a permitir mejorar notablemente el perfil de deuda" del Estado provincial". Y predijo que la UCR “será juzgada por la historia cómo partícipe necesaria y furgón de cola de la mayor entrega del patrimonio nacional".
La primera piedra
En un documento elaborado el sábado en Colón, la UCR sostuvo que el gobierno Provincial "carece de iniciativa propia y se convirtió en un apéndice del Gobierno Nacional en la toma de endeudamiento externo".
"Los entrerrianos tenemos un gobierno gestor de deuda que sólo permite esconder los errores de las anteriores administraciones sin concretar modificaciones de fondo en una matriz de ejercicio del poder que aún sigue vigente", aseveraron.
Sostuvieron además que la provincia "adolece de todo tipo de autonomía económica y política, no encuentra otro rumbo que no sea el de hipotecar el futuro de todos los entrerrianos y del próximo gobierno que, se avizora, será de diferente signo al que gobernó en los últimos años".
También indicaron que la provincia se encuentra "en un camino sin salida", ya que "no se puede seguir tomando más deuda para pagar deudas". Por ello es que, según dijeron, la UCR se pronunció en contra del reciente crédito de $ 4.000 millones tomado por el Gobierno de Entre Ríos.
Por otra parte, los radicales cuestionaron el hecho de que el Poder Ejecutivo que le haya quitado facultades al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos". Se trata, según dijeron, de "un obstáculo para auditar los procesos de las compras públicas y significa un error político que afecta la transparencia, favoreciendo los actos de corrupción".
"El Gobierno entrerriano debe hacer suyas las prácticas de transparencia institucional y facilitar el trabajo de los organismos de control, con el fin de saber exhaustivamente lo que ocurre en los propios ámbitos de su dependencia", agregaron.
También señalaron que "lo acontecido días atrás en el Servicio Penitenciario, con la violación de una menor por parte de un interno carcelario y el nulo funcionamiento del Patronato de Liberados, tal como quedó evidenciado con el caso Micaela, revelan deficiencias básicas en el sistema de control que el Estado debe garantizar".
Por último llamaron al gobierno "a la reflexión u a la pronta acción en los asuntos más urgentes de la provincia".
La respuesta
Poco después, el Consejo Provincial del PJ salió al cruce con otro comunicado. Allí comenzó diciendo que "la gestión de Gustavo Bordet está haciendo un ordenamiento financiero que le va a permitir mejorar notablemente el perfil de deuda, tanto en tasa de interés como en plazos, sin incrementar el stock de deuda de algo más de $ 19.000 millones, ya existente al 31 de diciembre de 2016".
El PJ aseguró además que "el gobierno de Entre Ríos se está haciendo cargo de la obra pública porque la Nación no envía fondos ni tiene proyectos en materia de viviendas e infraestructura, y para colmo está inaugurando obras que fueron ejecutadas en altos porcentajes en la gestión anterior".
Además, según el peronismo, la recesión económica "se agudiza mes a mes obligando a la gestión de Bordet a ponerse el hombro en la contención social de vastos sectores de la población".
Por último, el Consejo del PJ realizó una estimación de lo que sucederá en el futuro: "La historia se encargará de enjuiciar a estos prestidigitadores de la política que vaticinan triunfos y éxitos, pero que se olvidan del doloroso presente de miles de entrerrianos que pusieron esperanzadamente un voto de confianza en un gobierno legítimo y están siendo testigos de la mayor entrega del patrimonio nacional que se registre".
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